Por: Dirwings Arrieta
Hay momentos en la historia de una nación donde las decisiones tomadas definen la arquitectura económica de generaciones enteras. El anuncio realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la alianza estratégica en 17 campos petroleros, responde a la necesidad imperiosa de superar la asfixia económica inducida por el bloqueo imperialista, sin por ello capitular en el control soberano de nuestras industrias básicas.Para dimensionar el verdadero alcance soberano de este acuerdo, es indispensable revisar la historia patria.
Durante los gobiernos de Isaías Medina Angarita y Marcos Pérez Jiménez se dieron concesiones mineras a empresas estadounidenses por hasta 50 años sobre las reservas de hierro de Cerro Bolívar y El Pao.
Posteriormente, bajo la presidencia de Rómulo Betancourt, se decretó la creación de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el año 1960 con el objetivo de centralizar el desarrollo de la región. Justicia Fiscal frente a la Apertura Neoliberal.
El acuerdo petrolero planteado no otorga patente de corso a las corporaciones ni cede la propiedad del subsuelo. Se establece una captación dez renta bajo estricta tutela estatal, superando cualitativamente el modelo entreguista de la Apertura Petrolera de la IV República en los años noventa:
Estructura impositiva nacional: Un 16% en regalías frente al 1% regalado a las transnacionales en la era neoliberal.
Captación Tributaria: Un 34% de Impuesto sobre la Renta (ISLR) destinado directamente a las arcas de la República.
Retribución para el Estado: La proyección de $209.000 millones en potencial fiscal durante los 25 años del convenio y un ingreso directo de $19 por barril.
Convertir la riqueza del subsuelo en capacidad operativa para alcanzar los 1,5 millones de barriles diarios no significa abandonar la doctrina revolucionaria; significa convertir la renta captada en salarios dignos, salud, educación e infraestructura social para la clase trabajadora.
El Cinismo de la Derecha PrivatizadoraResulta indignante la doble moral de sectores de la oposición burguesa encabezados por María Corina Machado. Quienes prometieron públicamente rematar los activos de PDVSA y entregar la producción petrolera al capital extranjero sin exigencias fiscales, hoy califican este acuerdo como una «traición».
No les indigna la presencia de capital extranjero; les indigna que el Estado venezolano mantenga la potestad tributaria, imponga las reglas del juego y dirija los recursos hacia la inversión social en lugar de sus arcas privadas.
Conclusión: Control Estatal e IndustrializaciónVenezuela no requiere claudicar en sus principios soberanos para reconstruir su economía.
Este acuerdo funciona únicamente si se ejecuta bajo el principio socialista del control estatal de la producción, fiscalización constante y transparencia en el uso de la renta petrolera.
La verdadera soberanía energética no consiste en mantener recursos inactivos bajo el suelo, sino en extraerlos bajo la soberanía del Estado para financiar la emancipación social y tecnológica de la nación.
