El mayor riesgo ya no es que la pantalla se vaya a negro en mitad del partido, sino recibir en el buzón una notificación con una multa de hasta cuatro cifras.
A través de la bautizada como Operación «Tutto Chiaro», la Guardia di Finanza italiana ha logrado desmantelar la infraestructura tecnológica detrás de Cinemagoal. Se han realizado más de un centenar de registros en Italia y se han incautado servidores clave ubicados en Francia y Alemania. Pero lo llamativo del caso es que no sólo están persiguiendo a los responsables de la red, sino que están rastreando e identificando a los suscriptores del servicio, los cuales están recibiendo multas que van de los 154 a los 5.000 euros.
Italia es uno de los países más duros contra la emisión de partidos y contenidos sin licencia; no se conforma con desmantelar la infraestructura, sino que está yendo a por el eslabón final que alimenta el negocio: los usuarios. Es una guerra que llevan librando desde hace años, llegando incluso a plantear condenas de prisión. Aunque en España no se ha llegado a tanto, LaLiga sí que ha seguido los pasos de Italia con el bloqueo masivo de IPs, afectando también a empresas y servicios legítimos que nada tienen que ver con la distribución de contenido no autorizado.
La red no retransmitía vídeo mediante IPTV, sino que usaba máquinas virtuales que operaban 24/7, manteniendo sesiones abiertas en servicios como Netflix, DAZN, Sky, Disney+ o Spotify mediante suscripciones legales registradas a nombre de identidades falsas.
Mediante este sistema, los usuarios descargaban el vídeo directamente de los servidores oficiales de las plataformas, lo que ocultaba por completo sus direcciones IP y hacía que Piracy Shield, la plataforma italiana contra la difusión de contenido no autorizado, estuviera a ciegas. El servicio costaba entre 40 y 130 euros al año y era distribuido por más de 70 revendedores en Italia, quienes cobraban preferiblemente en criptomonedas o a través de cuentas en el extranjero para evadir el rastreo.
Los clientes de Cinemagoal creían estar protegidos por el anonimato, pero la policía ha logrado identificar a al menos 1.000 usuarios cruzando datos. Para dar con ellos, los investigadores analizaron los registros de clientes incautados a los más de 70 revendedores que operaban en Italia, rastrearon los historiales de pago y los registros de actividad (logs) alojados en los propios servidores de la aplicación.
